La semana pasada, el gobierno israelí dejó claro su intención de extender sus operaciones militares a Rafah, haciendo caso omiso de la resolución jurídicamente vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU que exige un alto el fuego inmediato. Así, hemos visto cómo este escenario comenzaba a materializarse, con los bombardeos israelíes en Rafah que mataron al menos a 31 personas, entre ellas 14 niños, los días 26 y 27 de marzo. Las organizaciones humanitarias y de defensa de los derechos humanos ya habían dado la voz de alarma: la incursión terrestre israelí prevista en Rafah amenaza con destruir la vida y la ayuda vital para más de 1,3 millones de civiles, de los cuales al menos 610.000 son niños, que ahora se encuentran en la línea de fuego directa.
No existe un plan de evacuación viable, y no se dan las condiciones para proteger a la población civil en caso de una incursión terrestre.
Para respetar la prohibición absoluta del traslado forzoso y la expulsión de civiles según el derecho internacional humanitario, Israel está obligado a tomar «todas las medidas posibles» para proporcionar a las poblaciones evacuadas los productos indispensables para su supervivencia y garantizar su regreso seguro y digno una vez finalizadas las hostilidades —lo que implica asegurar una seguridad y protección adecuadas, así como proporcionar refugio, agua, instalaciones sanitarias, atención médica y nutrición. Hay que reconocer que actualmente no es el caso, ni dentro ni fuera de Gaza. Los bombardeos israelíes sobre Gaza y los seis meses de enfrentamientos han dañado o destruido más del 60 % de las viviendas y arrasado la mayor parte de las infraestructuras en el norte y el centro de la Franja de Gaza.
En Gaza, la población no tiene adónde refugiarse. Las fuerzas israelíes han atacado en repetidas ocasiones zonas que habían designado como «seguras». Los ataques aéreos en la zona de seguridad de Al Mawasi y sus alrededores han causado al menos 28 muertos, tras la invasión y ocupación previa de la parte norte de esta zona por parte de las fuerzas terrestres israelíes. Aunque las organizaciones humanitarias informan a las fuerzas israelíes sobre las ubicaciones de su personal y las operaciones de ayuda, esto no es suficiente para evitar los ataques. Trabajadores humanitarios han sido asesinados, convoyes de ayuda han sido blanco de disparos israelíes, y refugios y hospitales establecidos por la comunidad humanitaria han sido dañados o destruidos por los bombardeos. El gobierno israelí acaba de proponer agrupar a la población en «islotes humanitarios», lo que podría ofrecer una ilusión de seguridad, al tiempo que los concentra en zonas limitadas, confinadas y mal equipadas, donde corren el riesgo de sufrir ataques, ya sea dentro o fuera de estos «islotes».
En Gaza, no hay ningún lugar donde el acceso a ayuda y servicios suficientes permita garantizar la supervivencia de la población. En Rafah, los servicios e infraestructuras esenciales solo funcionan parcialmente, incluyendo hospitales desbordados, panaderías e instalaciones hidráulicas y de saneamiento. El centro y el norte de Gaza están devastados: sistemas, infraestructuras y barrios enteros han sido borrados del mapa, y la entrada de organizaciones y ayuda humanitaria sigue restringida. Si las operaciones militares israelíes se intensifican en Rafah, las consecuencias serán catastróficas para una respuesta humanitaria ya casi paralizada en toda la Franja de Gaza, especialmente porque la coordinación de la ayuda y las infraestructuras establecidas desde octubre de 2023 tienen su base en Rafah.
Todos los Estados tienen la obligación de proteger a las poblaciones contra atrocidades. En Rafah, los niños y las familias viven en el miedo y el peligro constantes.
El gobierno israelí ha anunciado su intención de extender allí sus operaciones militares, y este riesgo se ha incrementado desde el 31 de marzo, cuando el gabinete de guerra israelí aprobó planes para llevar a cabo operaciones terrestres en la gobernación más al sur. Aunque algunos Estados han expresado públicamente su desaprobación, las presiones y declaraciones diplomáticas internacionales aún no han dado resultados ni han logrado frenar el proyecto de incursión. Sin embargo, los Estados disponen de una serie de medidas de protección y están obligados a respetar y hacer respetar el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, como se ha demostrado en otras crisis que involucran la protección de civiles.
Los Estados deben tomar con urgencia medidas para garantizar la aplicación inmediata de un alto el fuego permanente y explorar todas las opciones disponibles para proteger a la población civil, de acuerdo con las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Esto incluye interrumpir de inmediato las transferencias de armas, repuestos y municiones cuando exista el riesgo de que se utilicen para cometer o facilitar graves violaciones del derecho internacional humanitario o de los derechos humanos. De lo contrario, el fracaso es inevitable —al igual que el incumplimiento de las obligaciones morales, humanitarias y jurídicas.
Firmado por
- Save the Children
- Federación Internacional por los Derechos Humanos
- Amnistía Internacional
- Médicos del Mundo
- ActionAid International
- Oxfam International
- Consejo Noruego para los Refugiados
- Plan International
- Handicap International – Humanidad e Inclusión
- Medical Aid for Palestinians (MAP)
- Comité Internacional de Rescate (IRC)
- Consejo Danés para los Refugiados
- DanChurch Aid
- Avaaz
- CARE