<h1> Desde hace más de un año y medio, las organizaciones humanitarias continúan sus operaciones a pesar de restricciones sin precedentes. </h1>
En 2024, han permitido que millones de personas accedan a servicios esenciales como alimentos, agua, clínicas móviles, asistencia jurídica o educación. Ahora, estas nuevas normas de registro podrían comprometer dichas operaciones. No se trata de una política habitual, sino que reflejan una intensificación significativa de las restricciones impuestas al espacio humanitario y cívico, y podrían sentar un peligroso precedente.
Según las nuevas condiciones, las ONG internacionales ya registradas en Israel podrían ser dadas de baja, mientras que las nuevas solicitudes corren el riesgo de ser rechazadas basándose en alegaciones arbitrarias y políticas, como la “deslegitimación de Israel” o la expresión de apoyo a la exigencia de responsabilidad de Israel por violaciones del derecho internacional. Entre otros criterios de rechazo figuran el apoyo público a un boicot a Israel en los últimos siete años (por parte del personal, un socio, un miembro de la junta directiva o un fundador) o el incumplimiento de los exhaustivos requisitos de reporte de las acciones humanitarias. Dado que la defensa de la ayuda humanitaria y de los derechos humanos se considera una amenaza para el Estado, las autoridades israelíes pueden excluir a las organizaciones que simplemente denuncian la realidad sobre el terreno. Así, las ONGI se ven obligadas a elegir entre el envío de ayuda y la defensa de los derechos de las personas afectadas por el conflicto.
Además, las ONGI deben presentar a las autoridades israelíes listas completas de su personal, así como otra información sensible sobre los empleados y sus familias al momento de solicitar el registro. Esta situación plantea serios problemas de protección, en un contexto en el que los trabajadores humanitarios y los profesionales de la salud son frecuentemente blanco de ataques, arrestos o agresiones directas.
<h1> Estas nuevas normas forman parte de un movimiento más amplio de represión del espacio humanitario y cívico. </h1>
Esto se traduce en una mayor vigilancia, ataques y una serie de acciones destinadas a bloquear la ayuda humanitaria, amenazar la seguridad del personal y cuestionar los principios fundamentales de la acción humanitaria. No se trata de acciones aisladas, sino de un contexto más amplio marcado por:
- El bloqueo o la interrupción de la ayuda humanitaria mediante restricciones burocráticas arbitrarias, obstáculos logísticos y un asedio total, privando a los palestinos de suministros esenciales para su supervivencia.
- La muerte de más de 400 trabajadores humanitarios en Gaza, así como numerosos heridos y detenidos, y ataques repetidos contra instalaciones, infraestructuras o convoyes humanitarios claramente identificados y notificados.
- La adopción de una legislación destinada a reducir las operaciones de la UNRWA, el mayor proveedor de servicios esenciales para los palestinos.
- Para las ONG israelíes, la aprobación de una nueva legislación prevé imponer un impuesto de hasta el 80 % sobre los fondos provenientes de gobiernos extranjeros, al tiempo que les prohíbe recurrir al sistema judicial israelí. Esta medida se aplicaría incluso cuando son socias de organizaciones internacionales encargadas del envío de ayuda humanitaria y de la protección de comunidades expuestas a desplazamientos forzados, demoliciones o violencia de los colonos.
- La suspensión de visas de trabajo para el personal internacional y la revocación del permiso que permitía a los palestinos residentes en Cisjordania acceder a Jerusalén, lo que provoca graves interrupciones en las operaciones.
- Y ahora, el registro de las ONGI está sujeto a una obligación de alineación política e ideológica, lo que cuestiona la neutralidad, la imparcialidad y la independencia de los actores humanitarios.
De acuerdo con el derecho internacional humanitario, las potencias ocupantes están obligadas a facilitar la asistencia humanitaria imparcial y a garantizar el bienestar de la población protegida. Cualquier intento de instrumentalizar la ayuda humanitaria con fines políticos o de sancionar a las organizaciones que cumplen con su mandato podría infringir este marco. En 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a las autoridades israelíes facilitar el envío de ayuda humanitaria a Gaza mediante tres medidas cautelares jurídicamente vinculantes. Sin embargo, estas nuevas decisiones refuerzan e institucionalizan los obstáculos ya existentes en relación con la ayuda humanitaria.
Hacemos un llamado a los Estados, donantes y a la comunidad internacional para que:
- Utilicen todos los medios posibles para proteger las operaciones humanitarias frente a medidas que comprometan la neutralidad, la independencia y el acceso —incluyendo los requisitos de listas de personal, el control político y los criterios ambiguos de revocación—.
- Adopten medidas políticas y diplomáticas concretas que vayan más allá de simples declaraciones de preocupación, con el fin de garantizar un acceso humanitario sin obstáculos e impedir la interrupción del envío de ayuda basada en principios.
- Apoyen a las ONGI y a las organizaciones de la sociedad civil palestina e israelí mediante asistencia jurídica, apoyo diplomático y financiamiento flexible para mitigar los riesgos legales, financieros y reputacionales. Los donantes están obligados a proteger las actividades humanitarias y de defensa de los derechos humanos basadas en principios.
Las 55 organizaciones firmantes insisten en que la participación en el proceso de registro para preservar las operaciones humanitarias esenciales no debe interpretarse como una aprobación de estas medidas.
Estas 55 organizaciones reafirman su compromiso de proporcionar ayuda, servicios y operaciones humanitarias, así como actividades de desarrollo y consolidación de la paz, de manera imparcial, independiente y según las necesidades, conforme al derecho internacional y a los principios humanitarios que de él se derivan. Las ONGI están dispuestas a entablar un diálogo de buena fe con las autoridades israelíes sobre los procedimientos administrativos, pero no pueden aceptar medidas que sancionen una acción humanitaria basada en principios o que expongan a su personal a represalias. Dichas medidas no solo comprometen la ayuda en el territorio palestino ocupado, sino que también sientan un peligroso precedente para las operaciones humanitarias en todo el mundo.