\n\nComo suele ocurrir con las medidas coercitivas, las consecuencias de esta reforma se har\u00e1n sentir de manera desproporcionada en las personas en situaci\u00f3n de marginalidad. Ya con la P-38, las personas sin hogar tienen casi 65 veces m\u00e1s riesgo de ser sometidas a una custodia en establecimiento que el conjunto de la poblaci\u00f3n montrealense, y las personas en situaci\u00f3n de pobreza est\u00e1n sobrerrepresentadas en las estad\u00edsticas sobre hospitalizaciones forzadas. La experiencia de las organizaciones de terreno demuestra que las intervenciones bajo coacci\u00f3n son vividas como traum\u00e1ticas y debilitan el v\u00ednculo de confianza con las instituciones. Adem\u00e1s, las consecuencias de la hospitalizaci\u00f3n forzada a veces amplifican las situaciones de crisis iniciales: \u00ab
Se sale de all\u00ed m\u00e1s traumatizado\u00b7as que antes<\/em>\u00bb, afirman personas que han vivido la custodia en establecimiento. Al ampliar los criterios, el proyecto de ley 23 acent\u00faa las din\u00e1micas de exclusi\u00f3n en lugar de abordar las causas, y corre el riesgo de aumentar la angustia y las crisis que pretende resolver.\n\n\u00abM\u00e1s all\u00e1 de los traumas, para varias personas en situaci\u00f3n de sinhogarismo, cuyas trayectorias ya est\u00e1n marcadas por m\u00faltiples violencias institucionales, el recurso a la coacci\u00f3n refuerza una p\u00e9rdida de confianza ya profunda hacia el sistema de salud y los servicios p\u00fablicos, aumenta la desconfianza y elimina cualquier deseo de recurrir a los servicios.<\/em>\u00bb se\u00f1ala Tsanta Sen Chen, organizadora comunitaria en el RAPSIM.\n