Es la tercera vez que un sitio de personas desplazadas internamente es bombardeado sin discriminación en menos de seis meses, matando al menos 18 personas e hiriendo a otras 32. Las ONGI condenan firmemente este bombardeo indiscriminado que contraviene el derecho internacional humanitario.
Los campos de desplazados superpoblados ya no son espacios seguros para la población civil, en particular para las mujeres y los niños. Además de los bombardeos indiscriminados, la proximidad de la artillería pesada con los campos y la presencia generalizada de elementos armados dentro de los sitios han provocado un aumento de los incidentes de seguridad que ponen en peligro tanto a las poblaciones afectadas como a los trabajadores humanitarios.
Los combates también se han intensificado en la provincia vecina de Kivu del Sur, donde más de 500 000 personas desplazadas internamente alojadas en Minova están igualmente expuestas al riesgo de bombardeo y a la inseguridad, lo que provoca desplazamientos forzados recurrentes. Tras huir de violencias extremas, los hombres, las mujeres y los niños llegan a los sitios en condiciones financieras, físicas y psicológicas desastrosas, para luego enfrentarse a riesgos adicionales, en particular a la violencia sexual y basada en género, debido a la presencia de elementos armados.
«La inseguridad obstaculiza diariamente el acceso de la ayuda humanitaria, privando así a la población de la asistencia que tanto necesita».
Aunque las organizaciones humanitarias informan de un número creciente de agresiones y asesinatos, incluyendo un promedio semanal de 50 incidentes de violencia sexual y basada en género en los campos, la situación ha empeorado considerablemente. Solo en abril, más de 5 000 personas solicitaron apoyo psicosocial en los campos 1 y 2 de Lushagala, y un gran número de ellas denunciaron violencia sexual en menos de 72 horas. Además, la inseguridad obstaculiza diariamente el acceso de la ayuda humanitaria, privando así a la población de la asistencia que tanto necesita.
Las ONGI no han dejado de abogar por la protección de los civiles mientras el conflicto en Kivu del Norte y Kivu del Sur se intensifica con total desprecio por el proceso de paz de Luanda. En el primer trimestre de 2024, el promedio mensual de disparos de artillería causó dos veces y media más víctimas civiles que a finales de 2023.
Mientras los ataques indiscriminados contra los sitios de desplazamiento se vuelven más frecuentes, el balance humanitario ha alcanzado un punto crítico, al tiempo que el envío de ayuda se vuelve más difícil. Este no es el momento de mirar para otro lado. Hacemos un llamado al cese inmediato de las hostilidades y pedimos a todas las partes en conflicto que respeten el derecho internacional humanitario y protejan a los civiles.
La comunidad internacional tiene la responsabilidad de utilizar con urgencia todos los medios diplomáticos a su disposición para facilitar una solución política al conflicto. Las distintas partes en conflicto deben proteger a la población, las instalaciones civiles y permitir un acceso humanitario neutral e imparcial, seguro y sin obstáculos, para que la población, actualmente en situación de vulnerabilidad, pueda ser atendida.
NOTAS PARA LOS REDACTORES
- Aunque las organizaciones humanitarias informan de un número creciente de agresiones y asesinatos, incluyendo un promedio semanal de 50 incidentes de violencia sexual y basada en género en los campos, la situación ha empeorado considerablemente. Solo en abril, más de 5 000 personas solicitaron apoyo psicosocial en los campos 1 y 2 de Lushagala, y un gran número de ellas denunciaron violencia sexual en menos de 72 horas. Además, la inseguridad obstaculiza diariamente el acceso de la ayuda humanitaria, privando así a la población de la asistencia que tanto necesita.
- Las ONGI no han dejado de abogar por la protección de los civiles mientras el conflicto en Kivu del Norte y Kivu del Sur se intensifica con total desprecio por el proceso de paz de Luanda. En el primer trimestre de 2024, el promedio mensual de disparos de artillería causó dos veces y media más víctimas civiles que a finales de 2023.
- Mientras los ataques indiscriminados contra los sitios de desplazamiento se vuelven más frecuentes, el balance humanitario ha alcanzado un punto crítico, al tiempo que el envío de ayuda se vuelve más difícil. Este no es el momento de mirar para otro lado. Hacemos un llamado al cese inmediato de las hostilidades y pedimos a todas las partes en conflicto que respeten el derecho internacional humanitario y protejan a los civiles.
- La comunidad internacional tiene la responsabilidad de utilizar con urgencia todos los medios diplomáticos a su disposición para facilitar una solución política al conflicto. Las distintas partes en conflicto deben proteger a la población, las instalaciones civiles y permitir un acceso humanitario neutral e imparcial, seguro y sin obstáculos, para que la población, actualmente en situación de vulnerabilidad, pueda ser atendida.