CONTEXTO
LAS PANDEMIAS NO CONOCEN FRONTERAS
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Los tiempos son difíciles para todos a escala planetaria. La epidemia de COVID-19 se ha convertido en una fuente de profunda preocupación para la mayoría de nosotros y, para algunos, incluso en una cuestión de vida o muerte. Pero también representa un desafío único para hacer respetar el derecho a la salud para todas y todos, es decir, una oportunidad para que los sistemas de salud pública garanticen un acceso equitativo a la salud, cuestionen la gobernanza nacional y mundial de la salud y el propósito de la cooperación internacional con los países del Sur. En general, esta crisis compromete las políticas de salud a nivel mundial.
Desde que la pandemia fue declarada oficialmente, surgen importantes interrogantes: ¿hasta qué punto están preparados los sistemas de salud nacionales para enfrentar una crisis de tal magnitud? ¿Cómo pueden los Estados, a través de sus sistemas de salud pública, garantizar el respeto del derecho a la salud para todas y todos, la no discriminación, el acceso equitativo y asequible a la salud sin que nadie quede atrás, la disponibilidad de fondos regulares y suficientes para cubrir los gastos relacionados con el abastecimiento, las instalaciones, el personal de salud capacitado, los sistemas de información eficaces, la prestación de servicios adecuados, el acceso a medicamentos esenciales y la gobernanza democrática… fondos para contrarrestar la pandemia? ¿Qué ocurrirá con los sistemas de salud de los países del Sur, ya debilitados?
La destrucción de los servicios públicos del Estado de bienestar (mediante la privatización, la comercialización, el subfinanciamiento y la regionalización) ha provocado el deterioro de los sistemas de salud pública en todo el mundo. Las debilidades a las que se enfrentan actualmente los sistemas de salud reflejan las dificultades y los desafíos que deben superar para combatir la pandemia y garantizar un acceso y un tratamiento equitativos para todas las personas. Las medidas de confinamiento impuestas a gran parte de la población, así como la declaración del estado de emergencia o de alerta en numerosos países, no son más que el resultado de la falta de recursos y capacidades de los centros de atención y los hospitales para tratar a un número tan elevado de personas infectadas.
Se debe prestar especial atención a la discriminación que sufren las mujeres y las niñas en el acceso a los servicios de salud y a los tratamientos, en particular en los países más pobres. Las normas sociales, culturales y de género, así como las desigualdades en los roles y las relaciones, influyen en la vulnerabilidad de mujeres y hombres frente a la infección, la exposición y el acceso a los tratamientos.
Además, entre las poblaciones más frágiles, la comunidad romaní, los reclusos, las personas sin hogar, los consumidores de drogas, los refugiados y los migrantes suelen ser excluidos de los sistemas nacionales de salud pública debido a su estatus social, cultural o jurídico y, por lo tanto, son los más vulnerables durante las crisis sanitarias. Este es especialmente el caso de los migrantes de mayor edad cuyo proceso de reagrupación familiar está en curso y que, a pesar de la legalidad de su estatus, se ven privados del acceso a los servicios de salud pública. Las personas sin hogar acceden con mayor dificultad a los centros de salud y solo son atendidas por los servicios de emergencia cuando su situación se ha agravado demasiado como para ser ignorada. Ya en tiempos normales sufren una fuerte estigmatización, y cuando los servicios de salud están saturados, son víctimas de rechazo —un rechazo que dificulta aún más el acceso a los cuidados y aumenta la probabilidad de transmisión—. Por último, las personas sin hogar pueden enfrentar dificultades adicionales para seguir las recomendaciones de prevención, como lavarse las manos.
En la lucha contra el COVID-19, la dificultad es aún mayor cuando los sistemas de salud pública son débiles o están desorganizados debido a conflictos preexistentes y al caos resultante. En las zonas afectadas por un conflicto, la pandemia puede tener consecuencias desastrosas, sumando una crisis a otra. Los refugiados y las poblaciones desplazadas internamente, debilitados por meses o incluso años de violencia o falta de servicios de salud y que viven en lugares superpoblados, están particularmente expuestos. En un contexto de crisis humanitaria, esta pandemia tiene un impacto enorme en la accesibilidad del abastecimiento y del personal.
La pandemia de COVID-19 nos enseña que los sistemas de salud pública sólidos son capaces de resistir amenazas masivas para la salud mediante medidas colectivas adecuadas. Asimismo, demuestra la importancia de contar con un verdadero sistema de cobertura universal de salud —que garantice el derecho a la salud y el acceso a los cuidados para todos, independientemente de la ubicación o la situación administrativa o jurídica—, que parece ser la estrategia más eficaz para enfrentar estas crisis sanitarias.
RECOMENDACIONES
Solicitamos a los responsables políticos en materia de salud y desarrollo, tanto a nivel local, nacional, regional e internacional, que tomen en consideración las siguientes recomendaciones:
- A largo plazo, se recomienda asegurar el gasto público en salud e incrementar la inversión en cuidados de salud públicos en lugar de privados. La garantía de gastos e inversiones públicas en materia de cuidados permitirá a nuestros sistemas de salud y a nuestro personal responder a las necesidades de todas y todos mediante sistemas de salud pública universales sólidos, al margen de intereses privados y de la búsqueda de beneficios.
- Cada país debería cumplir con la recomendación de la OMS de «[…] asignar o reasignar de inmediato al menos un 1 % adicional del PIB a la atención primaria de salud […]» mejorando «[…] el desempeño fiscal y los ingresos internos de acuerdo con el programa de acción de Addis Abeba, con el fin de aumentar los ingresos públicos […]1».
- Para evitar cualquier discriminación en el acceso a los servicios de salud pública, se debe eliminar el pago de pruebas y tratamientos.
- Es urgente actuar de manera coordinada, no solo en nuestros propios sistemas de salud locales, sino también a escala nacional e internacional. Lo que necesitamos ahora es un sistema de salud sólido y solidario para todas y todos, así como una coordinación que trascienda las fronteras de cada país y cuyos efectos se sientan tanto a nivel nacional como mundial.
- Se debe velar por que la lucha contra el COVID-19 no reproduzca ni perpetúe normas de género dañinas, prácticas discriminatorias y desigualdades. Es importante reconocer que las normas, los roles y las relaciones sociales, culturales y de género influyen en la vulnerabilidad de mujeres y hombres frente a la infección, la exposición y el tratamiento.
- Se recomienda implementar medidas especiales para las personas más vulnerables, como las personas sin hogar, en situación de migración, refugiadas, de la comunidad romaní, encarceladas, así como aquellas que tienen dificultades para acceder a los servicios de atención primaria de salud —incluyendo a los refugiados, en particular quienes viven en campos—, y las poblaciones desplazadas internamente. Las personas sin estatus también necesitan cuidados: su acceso a los sistemas de salud no debe implicar el intercambio de sus datos con las autoridades de migración.
- Los Estados deben garantizar que todas las personas, incluidas las más vulnerables, tengan acceso a todas las medidas de salud. La distribución desigual de recursos podría comprometer el control del virus.
- Es primordial reconocer las necesidades específicas de los países vulnerables cuyos sistemas de salud son débiles y tomar las medidas necesarias para aliviar las prohibiciones de viaje y las restricciones de circulación, a fin de permitir que la ayuda internacional llegue a quienes más la necesitan.
- Se debe prestar especial atención a las situaciones de conflicto. Las personas refugiadas y las poblaciones desplazadas internamente son particularmente vulnerables a la pandemia, especialmente cuando viven en campos. Es necesario mantener los vuelos humanitarios para el envío de personal y material médico, a fin de asegurar la continuidad de los programas existentes, pero también para garantizar la seguridad del personal sobre el terreno.
- Necesitamos servicios de salud de calidad, rápidos y gratuitos para todos.
- Es fundamental reconocer el papel crucial que desempeñan las trabajadoras y los trabajadores de la salud (hasta el 80 % de los profesionales de la salud son mujeres) cuando surge una crisis como esta. Es urgente apoyarlos, así como a sus sindicatos y sus demandas de personal y equipos de protección suficientes. Los profesionales de la salud deben estar protegidos, especialmente en situaciones de conflicto o crisis. No deben ser blanco de ataques, ni su trabajo debe ser obstaculizado.
- Debemos garantizar un acceso permanente, cultural, financiero y geográfico a la salud para todas las personas, independientemente de su situación jurídica o administrativa: ofrezcamos una verdadera cobertura universal de salud.
- Se trata de garantizar una gobernanza democrática de la salud tanto a nivel nacional como internacional. Un sistema de las Naciones Unidas sólido y bien financiado, que incluya a la OMS y otras agencias pertinentes de la ONU, es necesario para asegurar una función de vigilancia y control.
- La distribución de medicamentos debe servir a la población y no a las empresas farmacéuticas transnacionales. Para ello, es necesario velar por que el desarrollo de nuevos medicamentos o vacunas no esté sujeto al sistema de patentes o que su acceso no sea restringido.