AIDA y varias ONG internacionales activas en el Territorio Palestino Ocupado presentaron la solicitud. Esta sigue a la introducción de un nuevo sistema de registro israelí que compromete a decenas de organizaciones humanitarias internacionales, entre ellas varios miembros de AIDA, al restringir aún más su capacidad de acción en Israel y en el Territorio Palestino Ocupado. Aunque se han presentado solicitudes de registro a través del nuevo sistema, estas permanecen en suspenso debido a las demandas de transmisión de datos confidenciales relativos al personal.
Ante las graves consecuencias sobre el acceso humanitario, los miembros de AIDA continúan con este proceso judicial, ya que están convencidos de que este caso plantea cuestiones esenciales que merecen un examen judicial exhaustivo. Durante la audiencia, el tribunal limitó los argumentos a la estrecha cuestión de la confidencialidad de los datos, lo que impidió a las organizaciones demandantes presentar los problemas más amplios que surgen en términos jurídicos y de seguridad, en particular las obligaciones de Israel como potencia ocupante y la legalidad de las medidas que podrían obstaculizar la acción humanitaria.
Los miembros de AIDA expresaron su profunda preocupación por la escasa consideración otorgada a estas cuestiones centrales durante la audiencia. Además, las organizaciones demandantes, así como los diplomáticos, no fueron autorizados a asistir a la audiencia, mientras que altos funcionarios del gobierno israelí, su entorno y otros observadores sin ningún vínculo con el procedimiento pudieron entrar y perturbar la audiencia.
El Estado confirmó su solicitud de transmisión de datos confidenciales para todo el personal en Gaza y Cisjordania, independientemente de cualquier entrada en Israel. En un contexto en el que cientos de trabajadores humanitarios han perdido la vida, la transmisión forzada de datos sensibles sin garantías claras, transparencia o restricciones de uso representa un riesgo muy real.
Además, esta transmisión sería contraria a las normas relativas a la protección de datos y a las obligaciones legales de numerosas organizaciones de la Unión Europea. Esto coloca a las organizaciones demandantes en una situación imposible: someterse a estas exigencias supondría incumplir sus obligaciones legales y su deber de protección, mientras que la no conformidad probablemente resultaría en un rechazo de su registro.
Las organizaciones demandantes subrayan su compromiso de hacer todo lo posible para garantizar la continuación de sus operaciones en el Territorio Palestino Ocupado y seguir prestando asistencia bajo registro ante la Autoridad Palestina.
Sin embargo, temen que la pérdida del registro israelí obstaculice aún más su capacidad de acción en todo el territorio en un momento en que las necesidades humanitarias siguen siendo considerables. Las ONG internacionales son parte integral de la respuesta. En Gaza, proporcionan más de la mitad de la ayuda alimentaria, apoyan a la mayoría de los hospitales de campaña y brindan servicios esenciales, como acceso a refugio, agua, saneamiento, nutrición, acción contra minas y servicios de educación de emergencia. Incluso cuando las organizaciones disponían de un certificado de registro válido, las ONG han visto obstaculizada su capacidad para transportar bienes a Gaza durante más de un año, y su solicitud de despliegue de personal internacional en la Franja de Gaza durante el alto el fuego fue denegada. Cualquier nueva restricción del acceso operativo tendría consecuencias tan previsibles como devastadoras para la población civil.
Las condiciones son catastróficas en Gaza y la situación se deteriora en Cisjordania con una intensificación de la violencia perpetrada por los colonos, los desplazamientos y las restricciones de acceso.
Dadas estas circunstancias, el acceso humanitario debe ampliarse en lugar de reducirse.
AIDA y los miembros demandantes instan al gobierno israelí a revisar y ajustar los procedimientos actuales de registro, para que no obstaculicen la ayuda humanitaria. También piden a los países donantes que utilicen todos los medios diplomáticos, políticos y jurídicos a su disposición para exigir la suspensión y la revocación de medidas que restrinjan el acceso humanitario.
NOTA A LOS REDACTORES SOBRE EL DERECHO INTERNACIONAL, EN PARTICULAR EL DIH, Y EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN UE-ISRAEL
- Como Potencia ocupante, Israel está sujeto al Cuarto Convenio de Ginebra, que impone una obligación positiva de aceptar y facilitar las acciones de socorro en favor de la población protegida (véanse en particular los Artículos 59 y 63).
- En este marco, las organizaciones deben estar autorizadas a llevar a cabo sus actividades de acuerdo con sus funciones humanitarias, y la Potencia ocupante no puede imponer cambios en el personal o la estructura que puedan perjudicar estas actividades.
- Las medidas que condicionan la presencia u operaciones de organizaciones humanitarias a la transmisión de datos personales sensibles son contrarias a este marco legal. Dichas medidas transforman el deber de facilitar la ayuda humanitaria en un mecanismo de control, lo cual no es conforme con el derecho internacional humanitario.
- Además, según el derecho internacional, el Estado de Palestina posee la autoridad soberana para invitar, autorizar y supervisar la ayuda humanitaria y al desarrollo en su territorio. Esta competencia no se extingue por el hecho de la ocupación; por el contrario, continúa ejerciéndose en paralelo a la autoridad de la potencia ocupante y limita su alcance. Esto se refleja en el Anexo III (Protocolo relativo a los asuntos civiles) del Acuerdo Interino de 1995 entre el Estado de Israel y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), y ha sido reafirmado por Israel en su memoria presentada ante la Corte Internacional de Justicia en el marco del procedimiento consultivo de 2025 sobre la presencia y actividades de las organizaciones internacionales.
- Como afirmó la Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva de 2024 y 2025, la ocupación no confiere soberanía ni propiedad, no suple los poderes soberanos del Estado ocupado y no autoriza la reestructuración del espacio humanitario en detrimento de la voluntad y las necesidades de la población ocupada. Las pretensiones de Israel de excluir de manera unilateral a organizaciones invitadas por las autoridades palestinas o de dictar las condiciones de su acción independientemente del consentimiento palestino, son difícilmente conciliables con las normas imperativas del derecho internacional, incluido el derecho a la autodeterminación.
- El Artículo 2 del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel eleva el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos al rango de “elemento esencial” de la relación. Cuando un Estado socio adopta medidas que obligan a entidades domiciliadas en la Unión Europea a infringir la normativa europea, incluidas las obligaciones fundamentales en materia de protección de datos conforme al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), se trata de una cuestión que afecta al respeto del fundamento normativo del acuerdo.
- En virtud de los Capítulos 2 y 4 del RGPD, las ONG internacionales establecidas en la UE están obligadas a garantizar que cualquier transferencia de datos personales sea legal, necesaria, proporcionada y esté acompañada de garantías adecuadas. El Artículo 48 del RGPD indica explícitamente que toda divulgación realizada en virtud de medidas administrativas emanadas de un tercer Estado debe basarse en un acuerdo internacional o, en su defecto, ser conforme al derecho de la Unión Europea. Una solicitud unilateral basada en la amenaza de exclusión de las operaciones humanitarias no cumple con este criterio.
- Colocar a las entidades de la UE en una posición en la que el cumplimiento de un régimen jurídico implique infringir otro constituye, desde la perspectiva de la UE, una interferencia con la efectividad del derecho europeo. Esta interferencia afecta directamente al principio de ejecución de buena fe en la ejecución de los tratados, codificado en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, Artículos 26 y 27. Las partes deben ejecutar los tratados de buena fe y no pueden invocar su derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones. Aunque Israel no está obligado a ajustarse al derecho de la UE como tal, está obligado, en virtud del Acuerdo de Asociación, a comportarse de manera que no contravenga el espíritu o el objetivo del tratado, ni haga inaplicables, en la práctica, las obligaciones jurídicas de su socio. Medidas que sistemáticamente obligan a actores sujetos al derecho de la UE a incumplirlo, como condición de acceso al territorio ocupado para llevar a cabo una acción humanitaria, corren el riesgo de traspasar este límite.